miércoles, 5 de mayo de 2010

Desde el principio

Cinco hombres cubanos fueron detenidos en Miami en septiembre de 1998 bajo 26 acusaciones de violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos.
24 son delitos de carácter técnico y son relativamente leves. Entre ellos una presunta falsificación de identidad e incumplimiento de registro como agentes extranjeros. Ninguna de las acusaciones los involucra en el uso de armas, en actos violentos o en destrucción de la propiedad.


Las protestas de Cuba contra el gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas han caído en el vacío. A principio de los noventa, la violencia aumentó debido al empeño de Cuba por establecer la industria turística. Los mercenarios de Miami respondieron con una violenta campaña para disuadir a los extranjeros para que no visitaran la Isla. Se encontró una bomba en una de las terminales aeroportuarias de La Habana, se colocaron artefactos explosivos en ómnibus y en hoteles. Embarcaciones procedentes de Miami viajaron a Cuba y bombardearon hoteles e instalaciones turísticas.

La misión de los Cinco no era obtener secretos militares estadounidenses, que fue de lo que se les acusó, sino más bien monitorear las actividades terroristas de esos mercenarios e informar de sus planes agresivos a Cuba. El arresto y procesamiento de estos hombres por su valiente intento de detener el terror no fue solo injusto, sino que expuso la hipocresía de la afirmación de Estados unidos de que se opone al terrorismo dondequiera que este aparezca.


Los Cinco fueron entonces separados en prisiones de máxima seguridad (algunas de las peores en Estados Unidos), cada uno separado cientos de millas del otro, donde permanecen hoy en día. A dos de ellos se les han negado las visitas de sus esposas durante los últimos 7 años en violación de las leyes de Estados Unidos y las normas internacionales. Protestas de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han sido rechazadas.

Los Cinco apelaron inmediatamente sus condenas y sentencias. Su apelación fue ante la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, situado fuera de Florida, en Atlanta, Georgia. Después de una minuciosa revisión de los documentos el caso, el 9 de agosto de 2005, un distinguido panel de 3 jueces de la Corte hizo pública su opinión, un detallado análisis de 93 páginas de del proceso del juicio y de la evidencia, revirtiendo las condenas y las sentencias sobre la base de que los Cinco no recibieron un juicio justo en Miami. Fue ordenado un nuevo juicio. Mas allá de haber hallado que el juicio violó los derechos fundamentales de los acusados, la Corte, por primera vez en la jurisprudencia norteamericana, reconoció la evidencia presentada por la defensa en el juicio revelando que habían tenido lugar acciones terroristas desde la Florida en contra de Cuba, citando incluso en una nota al pie el papel del Sr. Posada carriles y refiriéndose a él correctamente como un terrorista.

Esta decisión del panel dejó atónita a la administración Bush.

El Fiscal General de Estados Unidos, Alberto González, ex consejero de Bush, entonces tomó la inusual medida de presentar una apelación a los 12 jueces del Onceno Circuito, instándolos a revisar la decisión. Los jueces del Onceno Circuito estuvieron de acuerdo el 31 de octubre en revisar la decisión del panel.

Merece la pena también señalar que antes de la decisión del 9 de agosto del panel del Onceno Circuito, un panel del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria también concluyó que la privación de libertad de los Cinco era arbitraria y llamó al gobierno de Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para remediar la situación. En otras palabras, no menos de 8 jueces han revisado el proceso que llevó a la condena de los Cinco hasta este momento y los 8 han estado de acuerdo en que sus derechos fundamentales fueron violados.

El acta del juicio de Miami fue enorme. Se expusieron más de 800 pruebas, entre ellas documentos de hasta 40 páginas.

En las dos acusaciones principales contra ellos se alega una teoría judicial que se utiliza con frecuencia en casos con matiz político: conspiración. Una conspiración es un acuerdo ilegal establecido entre dos o más personas para perpetrar un delito. El delito no tiene que cometerse siquiera; una vez que se establezca el acuerdo, se consuma el delito.

La primera acusación de conspiración planteaba que tres de los Cinco habían acordado realizar espionaje. Desde el principio el gobierno expresó que no necesitaba probar el cargo de espionaje y que simplemente existía un acuerdo de cometerlo en el futuro. Por supuesto, al quedar exentos de la responsabilidad de probar que hubo espionaje, los fiscales se empeñaron en convencer a un jurado de Miami de que estos cinco cubanos, que vivían entre ellos, podían haber establecido tal acuerdo.
El fiscal admitió que los Cinco no tenían en su posesión una sola página de información clasificada del gobierno aún cuando éste había logrado obtener más de 20 000 páginas de correspondencia entre ellos y Cuba. Además, la revisión de esa correspondencia estuvo a cargo de uno de los oficiales militares de mayor graduación en el Pentágono, quien admitió al preguntársele que no recordaba haber visto información sobre defensa nacional alguna. Según estipula la ley, para demostrar el delito de espionaje debe existir información sobre defensa nacional.

  • Más bien, el único hecho en que se basó la acusación fue que uno de los Cinco, Antonio Guerrero, trabajaba en un taller de fundición en la base de entrenamiento naval de Boca Chica en el sur de la Florida. La base estaba totalmente abierta al público Lo cierto es que durante los dos años anteriores a su detención en que el FBI lo estuvo vigilando, ninguno de los agentes notificó algo acerca de un solo acto de mala conducta de su parte.

Su misión era descubrir y comunicar la información o los indicios que denotaran los preparativos de una agresión militar contra Cuba sobre la base de lo que él pudiera ver mediante la observación de actividades públicas abiertas. Esto incluía información visible para cualquier miembro del público: el ir y venir de aeronaves. Él también recortaba artículos de la prensa local que informaran sobre las unidades militares allí ubicadas.

Ex altos oficiales militares y de seguridad estadounidenses de alta graduación atestiguaron que Cuba no constituye una amenaza militar para los Estados Unidos, que no existe ninguna información militar útil que se pueda obtener en Boca Chica y que “el interés de Cuba en obtener el tipo de información presentada en el juicio era para averiguar si realmente estábamos preparando una acción armada contra ellos”.

La información que generalmente está al alcance del público no puede formar parte de una acusación de espionaje. Una vez más, el general Clapper, cuando se le preguntó “¿Estaría usted de acuerdo en que una fuente abierta de información no es espionaje?”, respondió: “Eso es correcto”. No obstante, después de escuchar el argumento altamente inapropiado de la fiscalía, reiterado tres veces, de que los cinco cubanos estaban en este país “con el propósito de destruir a los Estados Unidos”, el jurado, más influenciado por la pasión, que por la ley y la evidencia, los condenó.

  • La segunda acusación de conspiración se sumó siete meses después de la primera. Planteaba que uno de los Cinco, Gerardo Hernández, estaba conspirando con otros funcionarios cubanos no acusados para derribar dos avionetas piloteadas por exiliados cubanos desde Miami en el momento en que estas entraran en el espacio aéreo cubano. Aviones Mig cubanos interceptaron y ocasionaron la muerte a cuatro de los que iban a bordo. Hernández, quien había logrado infiltrarse en el grupo que envió las avionetas, no fue acusado de pasar información a los cubanos sobre la ruta y misión de los vuelos, sino por formar parte de una conspiración para derribar las avionetas.

La acusación admitió que no tenía evidencia alguna de que existiera un supuesto acuerdo entre Gerardo y los oficiales cubanos sobre el derribo o no de los aviones o sobre dónde y cómo había que derribarlos.
Al final del juicio el gobierno admitió en documentos de la corte que enfrentaba un “obstáculo infranqueable” para probar su caso contra Gerardo. No obstante, el jurado lo halló culpable de ese falso cargo.




Los Cinco no fueron enjuiciados por violar la ley estadounidense, sino porque su trabajo sacó a la luz a los que sí lo hacían. Al infiltrarse en la red de terrorismo exitente en la Florida, demostraron la hipocresía de la tan aclamada oposición de los Estados Unidos al terrorismo.



Fuente: Le Monde Diplomatique
Diciembre, 2005

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